Ciudadanos propone reformar el Estatuto de Autonomía para eliminar la figura de los aforados de la vida política regional

"Es un privilegio que la sociedad ya no entiende y con el que no estamos de acuerdo", asegura el portavoz regional, Miguel Sánchez.
En una comparecencia ante los medios a la que asistieron los cuatro diputados regionales –Miguel Sánchez, Luis Fernández, Juan José Molina y Miguel López-Morell- y el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Murcia, Mario Gómez, Ciudadanos ha abogado por la desaparición de la figura del aforado del mapa político regional. Este importante cambio estaría enmarcado dentro de una reforma «necesaria” y “amplia” del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia que partiría siempre de los principios del consenso y el acuerdo con el resto de las formaciones políticas presentes en la Asamblea Regional
La citada reforma estatutaria forma parte del acuerdo de investidura redactado por Ciudadanos y asumido por el Partido Popular: “No queremos que sea una reforma confinada a comisiones de cara a la galería, sino que se aborde desde una perspectiva amplia y de consenso entre todas las fuerzas políticas”, apuntó Sánchez.
Para eliminar la figura del aforado de la política regional, Ciudadanos ha propuesto la supresión de los artículos 25.2 y 33.7 del Estatuto de Autonomía lo que de facto supondría la desaparición de este privilegio tanto para los diputados regionales como para los miembros del Consejo de Gobierno, incluyendo al presidente regional.
«Es un privilegio con el que no estamos de acuerdo y que la sociedad ya no entiende”, aseguró el portavoz regional de Ciudadanos, Miguel Sánchez, quien reiteró la intención del partido de que no haya »ni un solo aforado» en el ámbito político de la Región.
El aforamiento de los diputados regionales y miembros del Consejo de Gobierno supone que no pueden ser encausados por los tribunales de primera instancia, sino solo por el Tribunal Superior de Justicia o el Tribunal Supremo.
En España hay cerca de 10.000 aforados, de los que una cuarta parte son cargos públicos y el resto, jueces y fiscales. La Constitución de 1978 solo contemplaba el aforamiento del presidente del Gobierno, los ministros y los integrantes del Parlamento y el Senado. Posteriormente se incluyó a jueces y fiscales, y los estatutos de autonomía también incluyeron como aforados a sus diputados regionales y los miembros de su Consejo de Gobierno.
La finalidad inicial del aforamiento es proteger de demandas espurias a los cargos públicos y evitar a los jueces de los tribunales de primera instancia posibles presiones a la hora de juzgar a políticos o compañeros de profesión.

