Miguel Sánchez: “La consecuencia de la decisión del ejecutivo es que la desalinizadora nos cuesta más de 70.000 euros diarios”

20160511 Audio Miguel Sanchez Escombreras

La Comisión de Investigación de la desalinizadora de Escombreras que preside Miguel Sánchez, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea Regional, ha reanudado su actividad con las comparecencias de Eduardo Garro, Interventor General de la Comunidad Autónoma, y David Rodríguez Vicente, Jefe de la División e intervención y fiscalización de la CARM y y Francisco Ferrer, Director de los Servicios Jurídicos.

Sánchez ha lamentado que el pasado mes de diciembre el Gobierno regional prorrogara el plazo para el acuerdo de extinción de la sociedad Desaladora de Escombreras hasta el 31 de diciembre de 2016“haciendo caso omiso a unos informes detallados y coherentes de juristas de reconocido prestigio que aconsejaban la disolución, liquidación o, en su defecto, concurso de la misma”. En este sentido el portavoz de Ciudadanos ha incidido en que “la consecuencia es que la desalinizadora nos cuesta a los murcianos más de 70.000 euros diarios. Una de las soluciones que se han debatido sería la de emprender acciones judiciales para declarar nulos estos contratos”.

Eduardo Garro

En primer lugar ha comparecido Eduardo Garro, quien ha reconocido que la Comunidad Autónoma no será propietaria de la desalinizadora hasta que no realice el último pago y que la fórmula de compra de la desalinizadora “no es habitual”.

A preguntas del portavoz de Ciudadanos sobre los informes que desde el año 2010 advertían que la sociedad Desaladora de Escombreras se encontraba incursa en un proceso de disolución, Garro ha reconocido que “los informes eran conocidos por los consejeros correspondientes” y ha evitado valorar las causas por las cuales el pasado mes de diciembre el Consejo de Gobierno decidió ampliar el plazo para el acuerdo de extinción de la sociedad hasta el 31 de diciembre de 2016.

Por último, Sánchez ha preguntado a Garro “si a nivel personal hubiera firmado un contrato leonino en el que se recogía una cláusula por la cual se blindaba a la empresa en detrimento de los derechos de los murcianos”, ante lo que el Interventor General ha respondido que procuraría“que dicha cláusula no estuviera recogida”.

David Rodríguez Vicente

Posteriormente se ha producido la comparecencia de David Rodríguez Vicente, quien el pasado 31 de julio de 2015 emitió un informe en el que se recogía que la sociedad Desaladora de Escombreras se encontraba incursa en proceso de disolución, aludiendo en el mismo hasta en cuatro ocasiones a la existencia de responsabilidad contable.

En este sentido, Sánchez se ha interesado por los motivos por los cuales el pasado mes de diciembre el Consejo de Gobierno prorrogó el acuerdo de extinción haciendo caso omiso a sus informes y advertencias. Rodríguez ha afirmado que “el informe entregado propone una solución y ellos han adoptado otra”.

Francisco Ferrer

En último lugar ha comparecido Francisco Ferrer, quien ha reconocido que un antiguo presidente de la Comunidad Autónoma le pidió asesoramiento sobre la situación de la desalinizadora.

A preguntas de Sánchez, Ferrer ha manifestado que en el informe que redactó el pasado 24 de junio de 2015 se recogía la que en el contrato entre la Comunidad Autónoma y la sociedad “existía una falta de reciprocidad” y que en estas circunstancias la nulidad del mismo “es posible”.