Miguel Sánchez: “Diego de Ramón ha confirmado que se trata de una trama piramidal que se creó para dar soporte legal en la recalificación de terrenos para la construcción de 800.000 viviendas” Ciudadanos denuncia que los miembros del Partido Popular hayan abandonado la comisión durante la comparecencia de Diego de Ramón “para desviar la atención sobre su testimonio”

La Comisión de Investigación de la desalinizadora de Escombreras que preside Miguel Sánchez, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea Regional, ha continuado su actividad con las comparecencias públicas de Andrés Santiago Arnaldos, letrado de la sociedad pública de la Comunidad Autónoma Desaladora de Escombreras y exsecretario del Ente Público del Agua, y Diego de Ramón, letrado que denunció a la Fiscalía las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas.

Asimismo, han intervenido tres abogados del Bufete Ariño y Villar, que asesoró a la Consejería Agricultura cuando creó el Ente Público del Agua, si bien estos últimos han preferido que su comparecencia, que se ha realizado por videoconferencia, no sea pública. Sánchez ha afirmado que estos testimonios «han sido muy interesantes y, por ello, vamos a pedir que sean públicos»

ANDRÉS SANTIAGO ARNALDOS

En primer lugar, Sánchez ha preguntado a Arnaldos sobre la ausencia de reciprocidad en el contrato que firma la Comunidad Autónoma con la empresa privada y que incluso existen cláusulas que, a juicio de muchos expertos, se pueden calificar como “leoninas”. A este respecto, Arnaldos ha afirmado que “ha existido la posibilidad de eliminar esas cláusulas desde hace varios años, pero si te dan lo que pides sin necesidad de pleitos, mejor”.

El compareciente ha revelado que ACS propuso al Gobierno Regional que adquiriera la propiedad de la desalinizadora por unos 114 millones de euros, que es el precio de coste. Sin embargo, el Gobierno no aceptó esta oferta, y mantuvo los contratos de arrendamiento, lo que podría significar que la Comunidad se viera obligada a pagar unos 600 millones de euros cuando finalicen los contratos. En este sentido, Arnaldos también se ha referido a que ACS ofreció la opción de rebajar las condiciones del contrato, lo de que de haberse llevado a cabo, hubiera supuesto que la Comunidad Autónoma se ahorrara unos 200 millones de euros.

Asimismo, el portavoz de Ciudadanos ha querido conocer la opinión de Arnaldos sobre el crédito avalado por la Comunidad Autónoma para financiar la planta. A este respecto, el compareciente ha admitido que emitió “un informe técnico en contra de la validez de la Comfort Letter”.

Sánchez ha incidido en que la situación actual en la que se encuentra la desalinizadora ha sido fruto del diseño inicial. En este sentido Arnaldos ha manifestado que el proyecto de la desalinizadora era autosuficiente y que se vio afectado de la crisis, “pero no sé si era realista”.

DIEGO DE RAMÓN

Posteriormente ha intervenido el abogado Diego de Ramón, quien ha afirmado que “la construcción de la desalinizadora de Escombreras es una trama piramidal que el Gobierno Regional creó para dar soporte legal para la recalificación de terrenos para la construcción de unas 800.000 viviendas”.

A preguntas de Sánchez, De Ramón ha asegurado que “la trama del Gobierno de Ramón Luis Valcárcel consistía en cambiar el modelo económico de la región por un modelo basado en la construcción. En un principio intentó construir en Lo Poyo, pero el proyecto invadía la zona protegida y las instancias judiciales no le dieron la razón. Posteriormente, lo intentaron con Novo Carthago, pero no había agua para poder llevarlo a cabo”.

En este sentido, De Ramón ha asegurado que el Ente Público del Agua fue creado para sortear la legalidad vigente (el articulo 25 de la Ley de Aguas) y que, según un auto del Juez Abadía, el abogado Carlos Valcárcel, hermano del entonces presidente de la Comunidad Autónoma, realizó labores de intermediario

Durante el transcurso de la comparecencia de Diego de Ramón los miembros del Partido Popular han abandonado la comisión, lo que a juicio de Miguel Sánchez “ha sido una estrategia preconcebida para desviar la atención y que se hable de su ausencia y no de la declaración de De Ramón, quien está completamente legitimado para comparecer porque fue la persona que cursó la denuncia, y, por tanto, la Comisión tenía que hacerle muchas preguntas”.