Juan José Molina: “Esta iniciativa dinamizará la vida cultural de la región porque existen numerosas asociaciones y entidades que necesitan edificios para poner en marcha sus proyectos”

Ciudadanos ha registrado una iniciativa en la Asamblea Regional para que la Comunidad Autónoma estudie y tenga en consideración un programa de promoción y puesta en valor de los bienes inmuebles sin uso de la Comunidad Autónoma, en favor del interés público.

Juan José Molina, diputado de Ciudadanos, ha recordado que la lista de inmuebles desocupados es muy amplia, al igual que la lista de colectivos con necesidades de espacio para el desarrollo de sus actividades, “por lo que se plantea una situación que requiere una solución acorde con las demandas de la ciudadanía. Estos inmuebles deben ser objeto de una puesta en valor en favor del interés público, y si no es posible mediante el uso directo de la administración, creemos que los mismos se han de poner a disposición de la ciudadanía para el uso de asociaciones u organizaciones no gubernamentales, siempre que el uso se corresponda con un fin social”.

En este sentido, el diputado de la formación naranja ha matizado que “existen numerosas organizaciones no gubernamentales, asociaciones y entidades que necesitan locales para poner en marcha sus proyectos y creemos que es una buena idea que puedan utilizar estos edificios que actualmente se encuentran en desuso”.

Molina ha manifestado que la intención de Ciudadanos es la de “consignar una cantidad en los próximos presupuestos regionales para apoyar aquellos proyectos que, según el baremo establecido, se considere que son los mejores, ponerlos en marcha, darle uso a estos edificios y, en consecuencia, dinamizar la vida cultural de nuestra región”.

C’s ha solicitado que el programa de promoción y puesta en valor de los bienes inmuebles incluya la elaboración de un listado de bienes inmuebles susceptibles de cesión de uso las condiciones y plazo de cesión; una campaña publicitaria para que la posibilidad de cesión de uso sea conocida por todos los posibles beneficiarios; el establecimiento de unos requisitos mínimos para su acreditación y el establecimiento de unos criterios de valoración o baremo de las solicitudes para dotar de objetividad la decisión final sobre la cesión.