● La moción, aprobada por la Asamblea Regional en abril, recogía la puesta en marcha de una comisión en la que padres y docentes estarían representados ● “Eduación se escuda en la libertad de cátedra y la autonomía pedagógica para incumplir una moción que respondía a una amplia demanda social y profesional”, ha asegurado el diputado regional Juan José Molina

Ciudadanos ha denunciado el incumplimiento por parte de la Consejería de Educación de la moción aprobada en abril de este año por la Asamblea Regional para la regulación y racionalización de los deberes escolares. El grupo parlamentario de la formación naranja logró el 14 de abril este año la aprobación en el pleno de la Asamblea Regional de una moción sobre regulación y racionalización de los deberes escolares en horario extraescolar, por la que se instaba al Gobierno regional a realizar actuaciones con el objetivo de evitar posibles excesos en la asignación de deberes escolares, respondiendo así a una amplia demanda social y profesional, así como a numerosos estudios.

Entre las medidas que la Consejería de Educación y Universidades debía adoptar en cumplimiento de dicha moción, cabe destacar la implantación de cursos de formación para profesores sobre deberes, realización de cronogramas y calendarios de deberes por parte de los equipos o departamentos docentes, la asignación de un día a la semana para realizar los deberes de cada asignatura troncal y la elaboración de un documento de buenas prácticas sobre estas tareas. Todo ello, bajo la supervisión de una comisión compuesta por los diferentes agentes educativos (padres y profesorado) y diferentes colectivos educativos para dar el mayor respaldo posible a las posibles medidas.

Sin embargo, Ciudadanos lamenta que la única respuesta a dicha demanda social y al mandato de la Asamblea Regional haya sido por parte de la consejería remitir el lunes una circular informativa firmada por el director general de Calidad Educativa y Formación Profesional que únicamente arroja balones fuera sobre el asunto, con un desinterés absoluto por ofrecer a la ciudadanía una solución concreta a un problema real. La excusa, esta vez, ha sido la autonomía pedagógica de los centros y el respeto a la libertad de cátedra del profesorado, enfrentando así de forma sibilina a padres y profesores.

“Invocar la ‘autonomía pedagógica’ y a la ‘libertad de cátedra’ como argumentos para amparar posibles casos de abuso en la asignación de deberes es un grave error que demuestra falta de sensibilidad y desconocimiento del problema. Las medidas recogidas en la moción no limitan ni pretenden limitar de ninguna manera la autonomía de los centros, ni la libertad de cátedra, sino que pretenden poner en marcha mecanismos de control efectivos que eviten posibles excesos en la asignación de deberes”, ha señalado el diputado regional Juan José Molina.

Debemos recordar a la consejería que la libertad de cátedra tiene límites y ámbitos de aplicación y no se trata de un derecho omnímodo e ilimitado, como corrobora la normativa y jurisprudencia al respecto. La libertad de cátedra viene limitada, por ejemplo, por los planes de estudios establecidos por las administraciones educativas, donde se fijan los contenidos mínimos y los recursos pedagógicos a utilizar el profesor. Por lo que queda claro que los deberes como recurso pedagógico pueden ser regulados por la Administración y las leyes del currículo. Además, según sentencia del Tribunal Constitucional (de 13/2/1981), la libertad de cátedra es un derecho casi inaplicable en el ámbito de la Enseñanza Primaria y Secundaria, quedando prácticamente restringido a catedráticos y profesores titulares de universidad, especialmente en los casos que su docencia sea proyección de su labor investigadora.

Molina ha añadido que “lo que no es cuestionable de nuevo es la prepotencia e incapacidad de los altos responsables educativos Gobierno regional, que se niegan incluso a abrir la comisión de trabajo a la que la propia moción instaba, demostrando una vez más su poca predisposición hacia una cultura del pacto y el consenso social. Lamentablemente, y una vez más, el Gobierno regional del PP no ha hecho los deberes con la ciudadanía murciana”.